La propuesta plantea límites claros a los incrementos anuales de renta, estableciendo que estos no podrán superar el nivel de inflación registrado, con el objetivo de proteger a las personas inquilinas frente a aumentos desproporcionados que comprometan su estabilidad económica. De acuerdo con el gobierno capitalino, la medida no implica un congelamiento de precios, sino un marco de equilibrio entre propietarios e inquilinos.
En el documento enviado al Congreso local, se señala que la autoridad podrá intervenir de manera excepcional cuando se detecten incrementos injustificados o situaciones que pongan en riesgo el derecho a la vivienda, como desalojos arbitrarios o prácticas especulativas. Estas acciones se realizarían bajo criterios técnicos y legales, priorizando la mediación antes de cualquier sanción.
La iniciativa también incorpora mecanismos de protección para las personas inquilinas mediante instancias de conciliación y resolución de conflictos relacionados con contratos, pagos de renta y procesos de desalojo. El enfoque, según se detalla, busca privilegiar el diálogo y la certeza jurídica para ambas partes, reduciendo la judicialización de los conflictos habitacionales.
Un eje central de la Ley de Rentas Justas es su orientación contra la expulsión de familias de colonias tradicionales, fenómeno asociado al encarecimiento acelerado de las rentas y a la transformación del uso de suelo. El gobierno capitalino reconoce que la gentrificación ha generado desplazamientos forzados, por lo que la iniciativa se plantea como una herramienta preventiva.
La propuesta se articula con programas complementarios de política social y urbana, entre ellos subsidios al alquiler para miles de familias, esquemas de rehabilitación de vivienda y acciones de arraigo comunitario. Estas medidas forman parte de una estrategia integral de vivienda digna impulsada por la administración local.
Asimismo, la Ley de Rentas Justas se vincula con el llamado Bando 1 contra la gentrificación, que contempla procesos de consulta popular y participación ciudadana para definir acciones en zonas con alta presión inmobiliaria. El objetivo, de acuerdo con las autoridades, es construir soluciones con la comunidad y no imponer decisiones unilaterales.
El Congreso de la Ciudad de México analizará la iniciativa en comisiones antes de su eventual discusión en el Pleno. De avanzar, la ley se convertiría en uno de los principales instrumentos de regulación del mercado de alquileres en la capital, en línea con el derecho a la vivienda reconocido en la Constitución local.