La propuesta fue presentada por el diputado de Gerardo Villanueva, integrante del grupo parlamentario de Morena, mediante una reforma a la fracción XXI del artículo 7 de la Ley de Educación de la Ciudad de México. El planteamiento busca institucionalizar pruebas de detección y prevención de salud mental y emocional en planteles educativos públicos y privados.
De acuerdo con el legislador, la iniciativa pretende que estas evaluaciones se realicen de forma sistemática al inicio de cada ciclo escolar, con el fin de identificar oportunamente posibles trastornos psicológicos y evitar que síntomas clínicos sean confundidos con cambios de ánimo propios de la adolescencia.
El proyecto contempla integrar la salud mental dentro de un enfoque educativo más amplio que incluya programas de educación artística, cívica, física, deportiva y mental. Para ello, se propone aplicar lineamientos establecidos en normas oficiales mexicanas, como la NOM-009-SSA2-2013 y la NOM-047-SSA2-2015, que regulan la atención integral de la salud de adolescentes.
La iniciativa surge en un contexto de incremento sostenido en la demanda de atención psicológica tras la pandemia de COVID-19. Datos oficiales indican que, de enero a mayo de 2024, en México se atendieron 158 mil 814 personas por motivos relacionados con la salud mental, de las cuales 51.5% presentaron cuadros de ansiedad y 25.9% depresión, según cifras del sector salud federal.
A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud advierte que los trastornos de ansiedad afectan al 4.4% de adolescentes de 10 a 14 años y al 5.5% de quienes tienen entre 15 y 19 años, mientras que la depresión impacta al 1.4% y 3.2% de estos grupos etarios, respectivamente. Estas cifras refuerzan la narrativa de urgencia que acompaña la propuesta.
En el ámbito local, la iniciativa se alinea con estrategias ya existentes en la capital, como “Vida Plena, Corazón Contento”, implementada en escuelas de educación básica para promover el bienestar emocional. No obstante, especialistas han señalado que la efectividad de nuevas evaluaciones dependerá de la capacitación del personal, la confidencialidad de la información y la disponibilidad de servicios de atención psicológica posteriores a la detección.
Aunque la propuesta busca fortalecer la prevención, el debate legislativo deberá abordar los retos presupuestales, operativos y éticos de aplicar pruebas masivas de salud mental en el sistema educativo. La discusión será clave para determinar si la medida se traduce en una política pública integral o queda limitada a un diagnóstico sin capacidad real de respuesta.