A las 5:00 de la mañana de este viernes, el campamento migrante de la colonia Vallejo podría desaparecer. La Coordinación de Atención a la Movilidad Humana de la Ciudad de México notificó a más de 200 personas extranjeras que deberán aceptar su traslado a albergues oficiales o enfrentar el desalojo definitivo, bajo el argumento de riesgos en materia de seguridad y protección civil.
Desde las 9:00 horas del jueves, personal del Gobierno capitalino acudió al asentamiento —ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero— para informar que el espacio será desmantelado en su totalidad. El titular de la dependencia, Temístocles Villanueva, confirmó que, a diferencia de operativos previos, en esta ocasión no se trata solo de una invitación voluntaria, sino de una intervención definitiva.
La autoridad sostiene que la medida responde a dictámenes de riesgo y a la necesidad de salvaguardar la integridad de las personas, en línea con criterios de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. No obstante, habitantes del campamento advierten que el traslado podría implicar la pérdida de bienes materiales, empleos informales y estabilidad escolar para decenas de menores.
El Gobierno local ofreció reubicar a las familias en los albergues Vasco de Quiroga, en Tepito, y Bocanegra (hotel Marina), en Peralvillo. Sin embargo, algunos migrantes que ya han permanecido en esos espacios aseguran que las reglas internas y los horarios estrictos dificultan compaginar estancias con jornadas laborales que superan las 12 horas.
El campamento de Vallejo es el único que permanece tras el retiro de los asentamientos de la Central del Norte y Plaza La Soledad en 2025. En él viven alrededor de 230 personas, casi la mitad menores de edad y 10 recién nacidos, provenientes principalmente de Venezuela, Honduras, Colombia y Ecuador. De acuerdo con cifras oficiales, 170 son solicitantes de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
Padres y madres de familia también alertaron sobre el impacto educativo: al menos 66 niñas, niños y adolescentes acuden a escuelas públicas cercanas, desde preescolar hasta secundaria. El eventual traslado podría interrumpir su asistencia regular, en un contexto donde la continuidad escolar es clave para procesos de integración.
Especialistas en movilidad humana han señalado que, si bien los gobiernos locales tienen facultades para intervenir ante riesgos urbanos, las acciones deben garantizar el respeto a los derechos humanos, la protección de pertenencias y el acceso a información clara y oportuna. Organismos como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México han reiterado que cualquier operativo debe priorizar el interés superior de la niñez y el principio de no devolución en casos de solicitantes de refugio.
El operativo en Vallejo reabre el debate sobre la capacidad institucional de la capital para atender flujos migratorios crecientes sin recurrir a desalojos que, aunque justificados por seguridad, generan tensiones sociales y cuestionamientos sobre la sostenibilidad de la política de albergues.