De acuerdo con vecinos organizados, un plano oficial en análisis reduciría la extensión de la zona bajo resguardo federal, lo que facilitaría cambios de uso de suelo y mayor actividad comercial. La Zona de Monumentos Históricos está protegida por decreto y supervisada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), instancia responsable de autorizar cualquier intervención que afecte inmuebles con valor patrimonial.
Habitantes de San Ángel, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, han solicitado explicaciones públicas al alcalde Javier López Casarín sobre el alcance y sustento técnico de la propuesta. Consideran que una eventual reducción del polígono podría debilitar la protección de calles empedradas, plazas y edificaciones coloniales que forman parte de la identidad urbana del sur de la capital.
Desde el ámbito académico, la antropóloga Adel Gutiérrez ha advertido sobre el fenómeno de “gentrificación patrimonial”, entendido como la transformación de barrios históricos mediante inversiones que modifican su estética y dinámica social, elevan costos de vivienda y desplazan a residentes tradicionales. A su vez, el urbanista Horacio Urbano ha señalado que un programa parcial de desarrollo urbano es legal siempre que no contravenga decretos federales ni omita la participación del INAH, aunque subrayó la necesidad de incorporar medidas de mitigación social.
San Ángel cuenta con inmuebles emblemáticos como la Casa Estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo, considerada patrimonio artístico del siglo XX. La zona también conserva templos, plazas y casonas virreinales que forman parte del catálogo de monumentos históricos reconocido por autoridades federales.
El debate ocurre en un contexto de antecedentes recientes. Vecinos refieren la existencia de al menos 90 denuncias por presuntas obras irregulares que habrían contravenido usos de suelo o lineamientos de conservación. En enero de 2026, surgieron inconformidades por el retiro de empedrado tradicional en algunas calles, sustituido por cemento sin autorización expresa del INAH, lo que generó cuestionamientos sobre la vigilancia institucional.
En términos normativos, la protección de monumentos históricos en México se rige por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la cual establece que cualquier modificación dentro de un polígono decretado requiere autorización federal. Asimismo, el Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México y los programas parciales de cada demarcación deben armonizarse con estos instrumentos superiores.
Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente una reducción definitiva del polígono, pero la discusión ha reactivado el debate sobre el equilibrio entre desarrollo urbano y conservación patrimonial. Especialistas coinciden en que cualquier actualización normativa debe realizarse con transparencia, consulta vecinal y sustento técnico, a fin de evitar impactos irreversibles en el tejido social y arquitectónico de San Ángel.