A medida que se acerca el Mundial de Fútbol 2026, que tendrá como una de sus sedes al Estadio Azteca, se registra un incremento en desalojos y procesos de desplazamiento en diversas colonias de la capital, particularmente en aquellas con alta demanda turística. Aunque no existe un programa oficial de desalojo impulsado por el gobierno local, organizaciones vecinales y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) reportan un aumento sostenido de quejas y expedientes relacionados con violaciones al derecho a la vivienda.
De acuerdo con datos de la CDHCM, desde 2023 se han abierto al menos 81 expedientes vinculados con posibles desalojos o desplazamientos forzados. Tan sólo en 2025, el organismo ha recibido alrededor de 2 mil 600 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, varias de ellas relacionadas con conflictos de vivienda, aumento desproporcionado de rentas y presiones para abandonar inmuebles en zonas de alta plusvalía.
Las colonias más impactadas incluyen Santa Úrsula Coapa —ubicada en las inmediaciones del estadio mundialista—, así como Centro Histórico, Roma, Juárez, Coyoacán, Tlalpan y Cuauhtémoc. En estas áreas, vecinos denuncian un proceso acelerado de gentrificación que prioriza plataformas de hospedaje temporal y desarrollos turísticos por encima de la vivienda asequible para residentes permanentes.
La expectativa de recibir cerca de 299 mil turistas durante el evento deportivo ha incentivado la reconversión de departamentos en alojamientos temporales. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), la presión inmobiliaria en zonas estratégicas representa uno de los principales retos en la planeación urbana rumbo a 2026, particularmente por el impacto que puede tener en el mercado de arrendamiento tradicional.
En este contexto, se han registrado protestas vecinales como las ocurridas el 14 de diciembre de 2025 y el 15 de febrero de 2026 en el edificio Isabel, donde habitantes exigieron la implementación de protocolos claros contra desalojos arbitrarios, así como políticas públicas que garanticen vivienda social y mecanismos efectivos de regulación de rentas.
Como respuesta institucional, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la implementación del denominado “Bando 1”, una estrategia orientada a regular el mercado de arrendamiento y contener incrementos excesivos en zonas de alta presión inmobiliaria. Sin embargo, colectivos ciudadanos han cuestionado la falta de lineamientos operativos claros y mecanismos de supervisión que aseguren su aplicación efectiva.
Especialistas en derecho urbano advierten que, si bien la derrama económica asociada al Mundial puede representar beneficios para sectores turísticos y comerciales, el Estado está obligado —conforme a estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos— a prevenir desplazamientos forzados y garantizar el derecho a una vivienda adecuada. La evolución del mercado inmobiliario en los próximos meses será clave para evaluar si las medidas anunciadas logran equilibrar el desarrollo económico con la protección de las comunidades históricas de la capital.