La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció la elaboración de un Programa Preventivo contra el Fraude y la Corrupción Inmobiliaria, con el que su administración busca evitar construcciones ilegales, transparentar el desarrollo urbano y cerrar espacios a prácticas discrecionales que en el pasado derivaron en escándalos de gran impacto político y social.
De acuerdo con la mandataria capitalina, el programa permitirá que la ciudadanía pueda verificar de manera inmediata si una obra cumple o no con la normatividad urbana, además de establecer mecanismos que impidan la autorización de edificaciones por encima de los niveles permitidos. El anuncio se da en un contexto de creciente presión social por la proliferación de desarrollos inmobiliarios irregulares en diversas alcaldías de la capital.
Brugada reconoció que el alcance del proyecto implica un reto institucional mayor, ya que contempla la revisión de obras ya construidas y de desarrollos recientes, con el objetivo de confirmar el cumplimiento de la legislación vigente. Este proceso, afirmó, busca erradicar prácticas de corrupción arraigadas en la gestión urbana y evitar que los controles se activen únicamente después de un siniestro o una denuncia pública, como ocurrió en casos anteriores.
El enfoque preventivo del programa, según explicó la Jefatura de Gobierno, apunta a dar certeza jurídica a compradores y habitantes, al tiempo que transparenta la información sobre licencias, permisos y características de las obras en curso. No obstante, especialistas han señalado que la efectividad del esquema dependerá de la interoperabilidad de bases de datos, la capacidad de inspección y la voluntad política para sancionar irregularidades, incluso cuando involucren a actores con poder económico.
En su intervención, Brugada subrayó que el fraude inmobiliario en la ciudad fue detectado históricamente de forma reactiva, tras emergencias o colapsos que evidenciaron violaciones a la norma. “No podemos esperar a una tragedia para actuar”, sostuvo, al justificar la necesidad de un sistema permanente de vigilancia urbana, postura que coincide con recomendaciones de organismos de planeación y control urbano.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (METRÓPOLIS), Pablo Enrique Yanes Rizo, afirmó que una de las principales lecciones del llamado Cártel Inmobiliario es la urgencia de establecer políticas de no repetición, que no se limiten a la reparación del daño, sino que ataquen de manera estructural las causas de la corrupción inmobiliaria.
Yanes Rizo recordó que actualmente el fraude inmobiliario es considerado un delito grave en la Ciudad de México, y existe una demanda social legítima para adquirir vivienda con plena certeza jurídica, en condiciones claras y sin modificaciones ilegales posteriores. Esta certidumbre, dijo, también beneficia a los desarrolladores que sí cumplen la ley, al evitar esquemas de competencia desleal que distorsionan el mercado.
Finalmente, autoridades capitalinas adelantaron que el programa en desarrollo buscará proteger a compradores, fortalecer el cumplimiento normativo y restaurar la confianza en las instituciones urbanas, aunque su implementación será observada con atención por organizaciones civiles y especialistas, quienes advierten que el reto no está solo en el diseño del mecanismo, sino en su aplicación efectiva y sostenida en el tiempo.