La discusión sobre la reforma electoral volvió a tomar fuerza en el Congreso con un tema que preocupa cada vez más a la ciudadanía: la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales. Legisladores coincidieron en que el país ya no puede darse el lujo de elecciones cuestionadas, sobre todo cuando existen indicios de financiamiento ilegal, amenazas a candidatos o control territorial por parte de grupos criminales.
Desde la Cámara de Diputados se planteó que uno de los grandes retos es cerrar los huecos legales que permiten que el dinero ilícito se cuele en las campañas. La propuesta de anular elecciones cuando se demuestre la intervención del crimen organizado busca mandar un mensaje claro: no habrá tolerancia para resultados obtenidos bajo presión o con recursos ilegales. Aunque el planteamiento genera debate, también refleja la urgencia de recuperar la confianza en las urnas.
En el diálogo con organizaciones ciudadanas, se destacó que la reforma no debe construirse solo desde los partidos políticos. La participación de colectivos, académicos y expertos se ve como una vía para diseñar reglas más sólidas, capaces de responder a la realidad actual del país, donde la violencia y la delincuencia organizada siguen siendo factores que distorsionan la vida pública.
Otro de los puntos que volvió a aparecer en la conversación fue la posibilidad de implementar una segunda vuelta electoral. La idea es que quien llegue al poder lo haga con un respaldo amplio de la ciudadanía y no con triunfos ajustados que debilitan desde el inicio la legitimidad de los gobiernos. Para algunos, este mecanismo podría reducir conflictos postelectorales y dar mayor estabilidad política.
El contexto internacional también pesa en esta discusión. Las recientes declaraciones desde Estados Unidos sobre eventuales acciones contra los cárteles encendieron alertas en el Congreso mexicano. La postura ha sido clara: la mejor defensa de la soberanía es fortalecer las instituciones democráticas y garantizar procesos electorales limpios, sin injerencias externas ni internas.
Además, se subrayó que una democracia sólida no solo depende de elecciones confiables, sino también de la libertad de expresión. La violencia contra periodistas y comunicadores sigue siendo un recordatorio de que informar en México implica riesgos, y que cualquier reforma debe considerar un entorno más seguro para el ejercicio del periodismo.
En el fondo, el debate sobre la reforma electoral es una discusión sobre el rumbo del país. Blindar las elecciones frente al crimen organizado, fortalecer la participación ciudadana y recuperar la credibilidad de las instituciones son pasos clave para que la democracia mexicana no solo sobreviva, sino se consolide en un contexto cada vez más complejo.