En San Lázaro, donde se cocinan las leyes que marcan el rumbo del país, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, lanzó un mensaje que va más allá de los partidos: si se van a cambiar las reglas electorales, que sea con todos y no solo con una mayoría.
Aunque la iniciativa formal aún no llega al pleno de la Cámara de Diputados, el debate ya está encendido. Desde el oficialismo se ha adelantado la intención de impulsar ajustes al sistema electoral, y desde la oposición se pide que no haya imposiciones. En ese escenario, López Rabadán planteó algo que, traducido a términos sencillos, suena lógico: no se puede modificar el reglamento del juego democrático sin escuchar a todos los equipos que participan.
¿Por qué es tan delicado? Porque una reforma electoral no es cualquier ley. Es la que define cómo se organizan las elecciones, cómo se cuentan los votos, cómo se fiscaliza el dinero de las campañas y qué sanciones se aplican si alguien rompe las reglas. Es, en pocas palabras, la base sobre la que se construye la competencia política. Si una sola fuerza política define esos cambios sin consenso, el riesgo es que el resto cuestione la legitimidad del proceso.
La diputada subrayó que México vive una pluralidad evidente: hay gobiernos estatales y municipales de distintos partidos, y un Congreso donde conviven varias fuerzas. Esa diversidad, dijo, debe reflejarse en el debate legislativo. Para ella, una reforma “monocromática” o con una sola visión ideológica no le conviene al país, porque dejaría fuera a millones de ciudadanos representados por otras bancadas.
También fue clara en que presentar una iniciativa es una facultad legal del Ejecutivo, pero aprobarla sin una discusión amplia sería otra cosa. El Congreso, señaló, tiene el deber ético de abrir el análisis en comisiones, revisar el articulado con lupa y evitar decisiones apresuradas. En temas electorales, la forma importa tanto como el fondo.
Además, puso sobre la mesa dos puntos que considera indispensables. El primero, frenar la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales, un fenómeno que ha generado preocupación en varias regiones. El segundo, blindar los programas sociales para que ningún ciudadano sea presionado con perder un apoyo gubernamental por motivos políticos. En términos de política pública, esto implica fortalecer mecanismos de control y vigilancia que garanticen piso parejo.
En el fondo, lo que está en discusión es el equilibrio democrático. ¿Puede una mayoría parlamentaria cambiar las reglas sin construir acuerdos amplios? Legalmente podría intentarlo, pero políticamente el costo podría ser alto. Para López Rabadán, el mejor camino es el consenso, porque una reforma electoral que nace sin respaldo plural corre el riesgo de dividir más de lo que pretende ordenar.
El debate apenas empieza, pero ya quedó claro que en la Cámara de Diputados la discusión no será menor. Lo que se decida ahí impactará directamente la manera en que los mexicanos eligen a sus autoridades en los próximos años.